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Eliminación del outsourcing, entre los riesgos y beneficios

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El acuerdo al que llegaron las autoridades, empresarios y sindicatos de eliminar la práctica de la subcontratación en términos generales, conlleva beneficios, pero también riesgos para los trabajadores y el mercado laboral en México.

Entre los principales objetivos de esta medida se encuentra la eliminación de la evasión y elusión fiscal que llevan a cabo algunas empresas a través de la subcontratación, así como el hecho de que a los trabajadores cuenten con todos los derechos laborales que le otorga la ley.

La subcontratación no es mala por sí misma, pero es una figura de la que se abusó y cuyo origen se desvirtuó. La subcontratación ilegal se puede ver en dos vertientes: la subcontratación de personal en la que los trabajadores no gozan de todas sus prestaciones. Otra vertiente es una subcontratación que defrauda al propio trabajador, en lo que llaman las empresas el insourcing, en la que el trabajador ya no recibe reparto de utilidades.

De esta forma, se abre la posibilidad de que los trabajadores que actualmente se encuentran subcontratados pasen a formar parte directamente de la empresa y pueda gozar de todas las prestaciones que marca la ley, incluyendo su acceso al crédito Infonavit y a un fondo de pensión.

El acuerdo busca también establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas y morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este modo prácticas que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación laboral en perjuicio de los trabajadores y el erario público.

Los acuerdos alcanzados comprenden: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante.

El registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

Riesgos de eliminar la subcontratación

En opinión de algunos especialistas, la eliminación de la subcontratación conlleva el riesgo de la pérdida de empleos y el repunte de la informalidad, toda vez que muchas empresas que actualmente tienen subcontratado a su personal no podrán contratarlo de manera directa.

En este sentido, destaca el caso de las grandes empresas trasnacionales que operan en el país, y que operan normalmente bajo este esquema de contratación, por lo que es probable que reduzcan sus operaciones en el país.

Asimismo, los especialistas consideran que la nueva reglamentación no logra eliminar el problema de la evasión y elusión fiscal, ya que quienes realizan este tipo de prácticas ilegales cuentan con otros mecanismos, como podrían ser el pago por honorarios para seguir reduciendo sus costos laborales.

La eliminación de la subcontratación significa un cambio radical en el mercado laboral, lo que va a generar una gran incertidumbre entre las empresas, justo ahora que lo que se busca es reactivar el empleo en el país, advierten los especialistas.

OBLIGATORIO. Las empresas tienen tres meses de plazo para añadir en la nómina a los empleados subcontratados. NTX

Subirán contrataciones informales: Manpower

Con los acuerdos dados a conocer en materia de subcontratación hay un panorama más claro para la toma de decisiones entorno a la contratación de personal y generación de empleo; sin embargo, prohibir la actividad no cierra los caminos a las malas prácticas de contratación que existen en el país y que vulneran el derecho laboral y social de los trabajadores, advierte ManpowerGroup empresa global especializada en outsourcing.

“El riesgo que aún vemos es que no a todos los empleados los van a contratar como empleados de base. En los análisis que hemos realizado, el 60% de los empleadores realizarían la contratación bajo esquemas sin seguridad social tales como honorarios, asimilados al salario, derechos de autor, inclusive pagándoles a través de sindicatos o cooperativas, lo cual no elimina las malas prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores”, explicó Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

De acuerdo un análisis que realizó ManpowerGroup, sólo un millón 380 mil empleados podrían ser contratados como base por las empresas, mientras que dos millones 760 mil más pasarían a esquemas sin seguridad social y 460 mil empleos se perderían directamente si se recurre a la prohibición del outsourcing.

Esto al tomar como base los cuatro millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, de acuerdo con los datos del INEGI, con las intenciones de contratación de las empresas donde sólo el 30% de los trabajadores subcontratados pasarían a ser empleados de base, el 60% pasarían a esquemas sin seguridad social y el 10% se perderían o pasarían a esquemas de evasión o informales.

Las contrataciones por vías semi-informales generarían el cumplimiento con el pago de impuestos, pero alejaría a las personas de acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo para el bienestar que brinda un trabajo formal.

“Con ello existirían alrededor de 3 millones 220 mil personas que perderían oportunidades laborales o se emplearían sin los derechos laborales que marca la ley. Los trabajadores se verían orillados a acoplarse al mercado laboral existente, en donde el sector informal es el que podría ofrecer una vía de generar ingresos. Entonces hay una paradoja de protección de derechos sin combatir las malas prácticas y la informalidad”, detalló el directivo de ManpowerGroup.

Para febrero de este año el INEGI registró a 2.7 millones de empleadores en México, mientras que el IMSS en el mismo mes reportó que se tenían afiliados a 1 millón 910 patrones.

“En medio de este panorama el empleo temporal formal queda desvalorizado. Este año de recuperación de empleo perdido a causa del COVID-19, el trabajo eventual es quien ha dado la cara por el empleo formal, ya que el IMSS hasta sus últimas cifras señala que 51.2% de los puestos creados son temporales, o sea 83 mil 637 trabajadores eventuales”, Héctor Márquez.

La recuperación de empleo formal debe ser uno de los primeros objetivos de este 2021, porque es el sector productivo que nutre la economía formal, sea cual sea su modalidad de contratación y esquema de trabajo.

“Esperamos que el gobierno mantenga su escucha activa en torno al cuidado del empleo formal en México, y que las políticas de cuidado de los derechos y bienestar laboral se amplíen para cerrarle el camino a las malas prácticas, asimismo que se reconozca la importancia del empleo temporal sobre todo en un momento atípico para el trabajo y la economía como lo es este contexto pandémico”, subrayó el director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

PREVISIÓN. ManpowerGroup prevé que serán más los trabajadores que se contraten de manera informal que los que las compañías puedan añadir con base. SUN

Permitirán dos modalidades para subcontratar, dice Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que producto del diálogo entre el gobierno y los sectores obrero y patronal se logró mantener el esquema de la subcontratación en dos modalidades: servicios compartidos y la especializada.

Esto significó que no se cancelará en su totalidad esta figura, aunque ya no se permitirá la subcontratación interna, además de que se acordó un tope de 90 días para el pago de las utilidades a los trabajadores.

“Consideramos que este es un buen acuerdo, pues luego de tres meses de negociación el resultado final no fue la propuesta original del gobierno que prohibía todo tipo de contratación, ni la de la iniciativa privada que pedía no realizar ninguna prohibición, ni la del sector laboral, que flexibilizó sus demandas, sino que se dio paso a un nuevo acuerdo”, dijo en un comunicado.

Para el sindicato patronal esta propuesta alienta la competitividad del país, permitirá la reactivación económica, otorgará flexibilidad a empresas y trabajadores.

“Pese a que no continuará la figura de la subcontratación interna, se consideraron los planteamientos que hicimos desde el sector empresarial para que se posibilitara la permanencia de las otras figuras de subcontratación y se consideraron las medidas necesarias para evitar que el impacto de esta determinación en el PTU (utilidades) provoque el cierre de negocios”, dijo la Coparmex.

El sindicato patronal dijo que ratifican su compromiso para coadyuvar en la eliminación de las prácticas abusivas y fraudulentas que han perjudican al país.

Además de que consideraron que fue buena la decisión de otorgar un periodo de transición de 3 meses para la regularización de la figura en los términos de la propia iniciativa.

REGULACIÓN. Será discutida la próxima semana. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Debatirán la próxima semana la regulación

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió que la próxima semana serán debatidas, y en su caso aprobadas en el pleno de San Lázaro las iniciativas para eliminar el outsourcing y la contrarreforma petrolera, ambas del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión de la Junta de Coordinación Política de ayer, los líderes parlamentarios definieron, a propuesta de Morena, que el martes 13 de abril se abordará el dictamen de las Comisiones Unidas del Trabajo y de Hacienda donde se modifican varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de subcontratación.

Y será el miércoles 14 o jueves 15 de abril cuando se analice el dictamen de la Comisión de Energía de la iniciativa del presidente, López Obrador con la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Ambas iniciativas, primero deben ser avaladas por las comisiones a las que fueron turnadas en los próximos días para poder ser analizadas en el pleno de la Cámara de Diputados.

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Inician los amparos contra el Padrón de usuarios de celulares

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Trusan y Roma Abogados presentaron ayer una demanda a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).

El despacho señaló que interpuso el litigio debido a que la nueva disposición pone en riesgo los datos personales y biométricos de los usuarios, y detalla que de no formar parte del registro las líneas telefónicas serán canceladas.

Durante los siguientes 30 días hábiles, el despacho prevé presentar más amparos contra el Padrón para evitar que sus clientes deban entregar sus datos o que sus líneas sean suspendidas.

La Red por los Derechos Digitales (R3D) adelantó que ya prepara un amparo contra el Padrón al ser violatorio de derechos.
Mientras que Observatel dio a conocer que es muy probable que presente un amparo al respecto.

El nuevo Padrón buscará registrar los datos privados y biométricos de 126 millones de usuarios de telefonía móvil, los cuales serán almacenados en una base de datos cuyo encargado será el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT). El organismo tendrá seis meses para completar el PNUTM, que costaría 700 millones de pesos.              
 

Para usar el celular, deben registrarse 6 millones en Estado

AMD



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Comisiones del Senado avalan el dictamen para regular outsourcing

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  • También se garantizará el acceso de los obreros al reparto de utilidades.

Con una mayoría de 25 votos a favor y sólo dos abstenciones, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que regula el outsourcing o la subcontratación.

El dictamen aprobado, que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.

Además, establece una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cuatro millones 481 mil pesos (MDP) a las empresas que violenten las disposiciones.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma “trascendental” que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos al año por la subcontratación. 

Hasta 10 millones de personas en el país 

Aunque las cifras oficiales hablan de 4.5 millones de trabajadores contratados mediante outsourcing, en realidad son entre ocho y 10 millones, dijo Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Implementación tardará 6 meses

Con la prohibición del outsourcing, se tiene que revisar muy puntualmente el lapso y los procesos de adecuación, y se requerirá de un periodo de al menos seis meses para que las empresas adapten su sistema administrativo a la nueva legislación, advierte ManpowerGroup, empresa especializada en subcontratación laboral.

Un cambio tan significativo para los esquemas lícitos de contratación en México no puede darse con miras al corto plazo, porque este tipo de decisiones afectan directamente la competitividad del país para atraer inversiones, que al final son la materia prima para la creación de empleos, aseveró la organización.

“La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones tanto para el sector público como privado necesitan hacerse de manera paralela, porque este esquema existe en ambos sectores, por lo que lo más apropiado es que ambas entren en vigor el mismo momento, el primero de enero del 2022”, detalló Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower.

AMD



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Disminuye percepción de seguridad en marzo para mexicanos, según Inegi

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En la primera quincena de marzo de 2021, el 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, su menor nivel desde septiembre de 2013 cuando inició su registro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9%.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y cinco incrementaron.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo con una tasa de 94.2%; Ecatepec, 89.9%; Cuernavaca, 87.8%; Gustavo A. Madero, 86.4%; Uruapan, 86.3%; y Guadalajara, 86.1%.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García con un nivel de apenas 8.2%; Tampico, 25.2%; San Nicolás de los Garza, 26.2%; Los Cabos, 26.2%; Piedras Negras, 29.4%; y Mérida, 30.3%.

En específico, 78.4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

GC



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