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Productores temen invasión de papa estadounidense

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Productores mexicanos de papa esperan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al litigio por el que piden no se permitan las importaciones de papa de Estados Unidos a México, ante el riesgo de que entren plagas al país.

El presidente de Conpapa, Gerardo García, explicó que este problema, que lleva casi una década, puede tener una solución de la Corte en la tercera semana de abril.

Ello porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación enlistó este miércoles el recurso de revisión del tema de papa, lo que indica que aproximadamente el 21 de abril se puede tener la resolución.

El conflicto inició en el sexenio de Felipe Calderón, cuando dicho gobierno acordó abrir las fronteras a la papa estadounidense a cambio de que se le diera un lugar en el ahora llamado TPP-11 o Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), expuso García.

Desde junio del 2014 se suspendió la importación de papa estadounidense a México, aunque sí se permite en la franja fronteriza mexicana. Mientras que la papa mexicana no puede ingresar a Estados Unidos.

De permitirse la entrada de papa estadounidense a México, García consideró que se afectará a miles de productores nacionales ya que la siembra del tubérculo se hace por pequeños productores.

Por ejemplo, el 65% de la papa que se produce en el país lo hacen pequeños productores de 22 estados del país, como son el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,  Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, entre otros.

La producción anual de papa en el país es de 1.8 millones de toneladas, con un valor de 14 mil millones de pesos. Mientras que en Estados Unidos la producción es de 20 millones de toneladas.

JM



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Inician los amparos contra el Padrón de usuarios de celulares

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Trusan y Roma Abogados presentaron ayer una demanda a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM).

El despacho señaló que interpuso el litigio debido a que la nueva disposición pone en riesgo los datos personales y biométricos de los usuarios, y detalla que de no formar parte del registro las líneas telefónicas serán canceladas.

Durante los siguientes 30 días hábiles, el despacho prevé presentar más amparos contra el Padrón para evitar que sus clientes deban entregar sus datos o que sus líneas sean suspendidas.

La Red por los Derechos Digitales (R3D) adelantó que ya prepara un amparo contra el Padrón al ser violatorio de derechos.
Mientras que Observatel dio a conocer que es muy probable que presente un amparo al respecto.

El nuevo Padrón buscará registrar los datos privados y biométricos de 126 millones de usuarios de telefonía móvil, los cuales serán almacenados en una base de datos cuyo encargado será el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT). El organismo tendrá seis meses para completar el PNUTM, que costaría 700 millones de pesos.              
 

Para usar el celular, deben registrarse 6 millones en Estado

AMD



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Comisiones del Senado avalan el dictamen para regular outsourcing

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  • También se garantizará el acceso de los obreros al reparto de utilidades.

Con una mayoría de 25 votos a favor y sólo dos abstenciones, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con proyecto de decreto que regula el outsourcing o la subcontratación.

El dictamen aprobado, que reforma la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y solo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al trabajador.

Además, establece una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cuatro millones 481 mil pesos (MDP) a las empresas que violenten las disposiciones.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma “trascendental” que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos al año por la subcontratación. 

Hasta 10 millones de personas en el país 

Aunque las cifras oficiales hablan de 4.5 millones de trabajadores contratados mediante outsourcing, en realidad son entre ocho y 10 millones, dijo Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Implementación tardará 6 meses

Con la prohibición del outsourcing, se tiene que revisar muy puntualmente el lapso y los procesos de adecuación, y se requerirá de un periodo de al menos seis meses para que las empresas adapten su sistema administrativo a la nueva legislación, advierte ManpowerGroup, empresa especializada en subcontratación laboral.

Un cambio tan significativo para los esquemas lícitos de contratación en México no puede darse con miras al corto plazo, porque este tipo de decisiones afectan directamente la competitividad del país para atraer inversiones, que al final son la materia prima para la creación de empleos, aseveró la organización.

“La entrada en vigencia de las nuevas disposiciones tanto para el sector público como privado necesitan hacerse de manera paralela, porque este esquema existe en ambos sectores, por lo que lo más apropiado es que ambas entren en vigor el mismo momento, el primero de enero del 2022”, detalló Héctor Márquez, director de relaciones institucionales de Manpower.

AMD



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Disminuye percepción de seguridad en marzo para mexicanos, según Inegi

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En la primera quincena de marzo de 2021, el 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, su menor nivel desde septiembre de 2013 cuando inició su registro, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9%.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y cinco incrementaron.

Las ciudades con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo con una tasa de 94.2%; Ecatepec, 89.9%; Cuernavaca, 87.8%; Gustavo A. Madero, 86.4%; Uruapan, 86.3%; y Guadalajara, 86.1%.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García con un nivel de apenas 8.2%; Tampico, 25.2%; San Nicolás de los Garza, 26.2%; Los Cabos, 26.2%; Piedras Negras, 29.4%; y Mérida, 30.3%.

En específico, 78.4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

GC



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